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México: sin amparo para menores
Espacio 4 - 6 de agosto de 2013

Prostitución infantil
Prostitución infantil.
La peor versión de la trata de personas.

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Cuestión de contrastes. Mientras en Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi enfrenta una sentencia de siete años de privación de libertad y quedar incapacitado de por vida para desempeñar cualquier cargo público, por tener sexo con una joven menor de edad, en México, las figuras del ex gobernador, Mario Marín, y el empresario, Kamel Nacif, acusados de ser copartícipes en una red de pederastas en Cancún, siguen paseándose por las calles de un país que ya ocupa el deshonroso primer lugar a escala mundial en la producción de pornografía infantil.

Italia: Justicia vs Poder

Pocos hombres son capaces de presumir el poderío de Silvio Berlusconi, apodado Il Cavaliere (El Caballero) desde que en 1977 fuese condecorado con la Orden del Mérito al Trabajo italiana, que conlleva, ipso facto, un tratamiento cuasi aristocrático para su portador.

Durante su extensa trayectoria política y empresarial destacan el haber sido presidente del Consejo de Ministros de Italia en los períodos 1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011. Asimismo, fungió como ministro de Relaciones Exteriores de Italia en el año 2002 y presidente de turno del Consejo Europeo en el segundo semestre de 2003. Por si no bastara, es fundador del Grupo Fininvest —presidida desde 2005 por su hija, Marina Berlusconi— que controla múltiples canales de televisión en Italia, España, Alemania y Francia, y propietario del equipo de fútbol AC Milan.

Nada de esto, sin embargo, le sirvió para escapar de la justicia en su país que el 1 de agosto confirmó la sentencia a cuatro años de cárcel por evasión fiscal, en el caso conocido como Mediaset. En la corte se demostró que esta compañía, propiedad de Berlusconi, compró derechos de televisión a precios inflados a través de dos empresas extranjeras y parte de la cantidad declarada se empleó en la creación de fondos para sobornos ilegales. Esta vez se trata de una condena definitiva e irrevocable, contra la que no cabe presentar recurso y que pone fin a una serie de 34 procesos judiciales en su contra, durante 20 años, y de los cuales siempre había salido airoso.

Ahí no terminan los problemas del ex funcionario pues, días antes, el 24 de junio, —tras 27 meses de proceso y 50 audiencias— el Tribunal de Milán lo condenó en primera instancia a siete años de cárcel, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por abuso de poder y prostitución infantil.

Lo curioso es que, con Berlusconi, basta un nombre —aunque no es el único— para justificar ambas trasgresiones: Karima El Mahroug, alias Ruby Rubacuori (Ruby robacorazones).

Esta joven marroquí, nacida el 11 de noviembre de 1992, contendiente de certámenes de belleza y bailarina de un club nocturno, también fue una asidua protagonista de los espectáculos que Il Cavaliere solía organizar en su residencia, los llamados “bunga bunga”.

A partir de las explicaciones emitidas por los fiscales, estos “bunga bunga” constaban de tres fases bien definidas:

1) La cena donde participaban todos los invitados.

2) El baile en que las chicas exhibían movimientos eróticos con sus pelvis y caderas.

3) Algunas seleccionadas permanecían hasta la mañana siguiente, después de haber visitado la alcoba del ex mandatario.

La ironía de Berlusconi no se hizo esperar al ser cuestionado por esta clase de fiestas. "Las mujeres son naturalmente exhibicionistas y les gusta competir. Por eso montaban espectáculos y hacían competiciones... Yo no hacía de juez, yo miraba muy interesado porque me divertía mucho y voy a seguir haciéndolo", sentenció.

Otra declaración que no deja espacio para comentarios fue cuando admitió haberle entregado 57 mil euros a Ruby, pero, según su versión, no a cambio de prestaciones sexuales, sino porque le conmovió la desconsolada historia de la joven y quería ayudarle a abrir un centro estético.

No obstante, su alarde de poder superó, el 27 de mayo de 2010, a sus derroches económicos. Esa noche bastó una llamada suya a la Comisaría central de Milán para que Ruby fuera liberada. En ese momento la marroquí se encontraba detenida por robo tras escapar de una comunidad para menores. Poco le importó al ex ministro conocer que el delito de concusión está penado en Italia con penas que varían entre cuatro y doce años de cárcel

Y el caso no termina ahí. Apenas el 19 de julio, transcurrido menos de un mes desde que se le condenara en primera instancia, el Tribunal de Milán aplica nueva sentencia contra tres de sus socios. Todos culpables de ayudar e incitar a la prostitución al suministrarle jovencitas a Berlusconi.

Los tres socios en cuestión son Lele Mora, agente de espectáculos y representante de artistas; Emilio Fede, ex director de informativos del canal Rete Quattro (propiedad de Berlusconi) y, supuestamente, quien tuvo el primer contacto con Ruby durante un concurso de belleza en el cual él fungía de jurado; y Nicole Minetti, ex higienista dental que terminaría por convertirse en asesora regional del partido Pueblo de la Libertad, que encabeza Il Cavaliere, y encargada personalmente de sacar a Ruby de la comisaría cuando su detención.

De hacerse efectiva la sentencia, Mora y Lele deberán purgar siete años de reclusión, mientras que Minetti fue condenada a cinco. Y aún pueden rodar más cabezas pues la fiscalía solicitó la investigación de otros treinta presuntos implicados por lo que el proceso ya se considera uno de los mayores escándalos en la historia de Italia.

Y aunque el astuto ex jefe de gobierno todavía cuenta con recursos para salvarse de la cárcel puesto que ya tiene 76 años de edad y en Italia las personas mayores suelen acogerse al arresto domiciliario, además de tener cubiertos —gracias a un indulto— tres de esos siete años condenatorios, su sentencia provoca un fuerte impacto mediático y hace prevalecer la sensación de que todos los ciudadanos son medidos por el mismo rasero y, no importa cuántos millones acumule o qué cargos públicos ostente, quien infrinja la ley, será castigado.

México: Tierra de arbitrios

Mientras la justicia intenta imponerse en el viejo continente, en México las cosas exhiben un matiz muy distinto. Las acusaciones de corrupción entre funcionarios, sus nexos con el crimen organizado, el abuso de poder o la utilización del erario público como caja chica personal, representan el pan nuestro de cada día, sin que la ley pueda hacer un verdadero ajuste de cuentas. En ocasiones, por ser abiertamente ignorada; en otras, porque fallece bajo un sinfín de trámites burocráticos que harían parecer sueños rosas las peores pesadillas de Kafka.

Los casos de trata de personas y pornografía infantil que suceden bajo la anuencia soterrada de las autoridades en turno no son un secreto para nadie. Sin embargo, a pesar de las múltiples denuncias, los protagonistas de estos escándalos continúan su vida normalmente sin haber sido siquiera removidos de sus cargos. El ejemplo más representativo quedó plasmado en el libro “Los demonios del Edén”, de la periodista Lydia Cacho, que sacó a relucir la red de pederastas que operaba en Cancún, Quintana Roo.

El libro fue publicado en 2005 y, desde esa fecha, dos de los nombres más importantes que se relacionaron con el negocio de la pornografía infantil siguen libres de un proceso judicial consecuente y aprovechan la corta memoria de la sociedad mexicana para librarse, poco a poco, del escarnio público. Se trata del empresario de origen libanés, Kamel Nacif Borge, y el ex gobernador de Puebla, Mario Marín.

Nacif, popularmente conocido como “El rey de la mezclilla”, mantiene sus negocios millonarios en la industria textil y, a la par, sus excesos son ampliamente conocidos. En la actualidad se le considera el apostador número dos en Las Vegas —superado únicamente por el australiano Kerry Packer— con depósitos de hasta 4 millones de dólares en los casinos donde suele jugar.

Son múltiples sus vínculos con Jean Succar Kuri, único sentenciado en este caso y que cumple, desde 2011, una pena de 112 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Sin embargo, a pesar de haber sido señalado como presunto cómplice de financiar y participar en el rol de facilitador de niñas para Kuri y que, en el expediente que se abrió para este propósito, una de las víctimas, Edith Encalada, lo menciona como parte del intercambio de menores que se llevaba a cabo en el hotel Solymar —también propiedad de Kuri—, nunca fue llevado a juicio. Escalada todavía añadió que Nacif “tiene gusto por los niños”. No sirvió de nada.

Así tampoco sirvió de nada en términos legales que se hiciera pública la conversación telefónica entre este mexicano-libanés y Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de Puebla en el sexenio 2005-2011, y desde entonces mejor conocido bajo el apodo de “gober precioso”.

Dicha conversación lo implicaba en la detención de Lydia Cacho, en diciembre del 2005, con términos bastante elocuentes: “...acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente”. El resto, es historia conocida, él mismo fue ejemplo de impunidad después que un dictamen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación supuestamente no alcanzara los votos necesarios para declararlo culpable por haber conspirado, junto a otros 29 funcionarios y ex servidores públicos, en un atentado contra la violación de las garantías de la periodista.

Lejos de ser sentenciado, Marín concluyó su sexenio y, de colofón, le heredó a su estado una deuda de 9 mil millones de pesos.

Quizás, sea ahora que reciba su único castigo —de corte simbólico— pues la actual administración lo considera personaje no grato y ya dio luz verde para borrar el rostro del ex mandatario de un mural que adorna las paredes del salón de protocolos del Palacio de Gobierno de Puebla.

Líder en pornografía infantil

Según la Unicef, en México, aproximadamente 2 millones de niños son utilizados en la industria del sexo. Fenómeno que se acrecienta a partir del desarrollo y accesibilidad de la tecnología. En este sentido, la Red Internacional por el Fin de la Prostitución Infantil y Tráfico de Niños con Fines Sexuales (ECPAT, por sus siglas en inglés) ubica a la nación en el primer lugar de producción de pornografía infantil a escala mundial.

A ello se suman los datos de Google Trends, una herramienta que muestra los términos de búsqueda más populares en Internet, y que señala a México como uno de los países que registra mayores incidencias relacionadas con pornografía infantil en la red de redes.

Las estadísticas se agravan al comprender que la edad promedio en que un menor se topa por primera vez con material destinado exclusivamente para el consumo de adultos ronda los once años. Esta edad implica el límite inferior para un sector de cibernautas que representan casi el treinta por ciento de la población del país.

Por su parte, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, han detectado este año al menos 12 mil 300 cuentas personales de Internet, las cuales difunden pornografía infantil mediante fotografías o videos.

Este auge en la diseminación de esta lacra social demanda medidas urgentes. Recientemente, el secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Carlos Reyes Gámiz, propuso establecer una fiscalía especializada en el delito de pornografía infantil en medios electrónicos y apuntó que, gracias a convenios establecidos con el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de Estados Unidos, las autoridades mexicanas tienen acceso a la base de datos sobre cuentas de Internet que han sido reportadas como transmisoras de pornografía. Estas pesquisas revelan que las entidades con mayor incidencia en este delito son el Estado de México, Nuevo León y el Distrito Federal.

No obstante, la mayor dificultad que debe sortear el país no radica en la creación de fiscalías o la implantación de nuevas leyes, sino en el respeto a las mismas. Precedentes como los del ex gobernador de Puebla, ponen en duda la efectividad de estas medidas. Antes resulta imprescindible limpiar las dependencias de los sátrapas que se escudan tras sus cargos para permanecer impunes y crear conciencia en la sociedad sobre este dilema. A fin de cuentas, donde no hay consumidores, tampoco habrá mercancía que se venda.


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